PROPUESTAS SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA PARA LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DE LA REFORMA ENERGÉTICA
Red por la Transición Energética
La Red por la Transición Energética[i]
considera que la legislación secundaria debe necesariamente incluir los
siguientes aspectos para asegurar una transición más efectiva hacia un sistema
energético con un mayor uso
de las energías renovables (ER) y una mayor eficiencia energética (EE) en
México.
1. Metas de generación eléctrica con energías renovables:
Es esencial aumentar la participación
de las ER (sobre todo, las provenientes de fuentes distintas a las grandes hidroeléctricas)
y aumentar la EE para fijar una participación máxima del 65% de fuentes fósiles
en la matriz de generación eléctrica al 2024, como lo mandata la Ley para el
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición
Energética (LAERFTE). Las leyes
secundarias deben detallar -a través de un programa con disposiciones
vinculantes- cómo generar 35% de la matriz eléctrica con fuentes renovables con
la participación de la CFE y los generadores privados. El fomento de las ER y
EE permite reducir el riesgo de la volatilidad de precios de los combustibles en
la generación de energía y contribuye a mitigar sus emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI), como lo establece la Ley General de Cambio Climático.
2. Competitividad económica y sustentabilidad ambiental de las energías
renovables
Las leyes secundarias deben
considerar la competitividad económica de las ER en las nuevas reglas de
mercado aplicables en la generación eléctrica e incorporar el costo de las
externalidades ambientales en la generación eléctrica para todas las fuentes y
tecnologías de generación. A diferencia de la generación de electricidad a
partir de combustibles fósiles, la generación con fuentes renovables no produce
gases de efecto invernadero ni otras emisiones de contaminantes a la atmósfera
que afectan gravemente la salud pública.
3. Mercado y despacho
Las energías renovables deben tener
prioridad en el despacho, por sus costos marginales prácticamente nulos y
mínimas externalidades ambientales negativas. La CRE y la SENER deben
desarrollar planes para ampliar la red de transmisión tomando en cuenta la
incorporación de fuentes renovables de energía. Los mercados de electricidad y
las reglas de despacho deben contemplar de manera explícita criterios que
favorezcan a las fuentes de generación con ER. Esto se puede lograr por medio
de metas obligatorias de generación y complementarse con un sistema claro de certificados
comercializables de ER.
4. Incentivos fiscales
El incentivo fiscal que permite la
depreciación acelerada mediante deducción al 100% durante el primer año de las
inversiones en activos asociados al uso de energías renovables debe
continuar. Este beneficio debe hacerse extensivo
a tecnologías de eficiencia energética, siempre y cuando se eviten distorsiones
al mercado. El incentivo fiscal debe permitir otorgar créditos fiscales en los
casos en los que las personas físicas o morales no tengan un impuesto sobre la
renta que pueda compensarse contra la depreciación acelerada.
5. Generación distribuida, interconexión y contraprestaciones
En el caso de la generación distribuida
de electricidad con fuentes renovables se debe establecer una política
financiera y disposiciones regulatorias que incentiven a las personas físicas y
morales a generar su propia electricidad, y en su caso, vender a la red sus
excedentes. La legislación secundaria debe favorecer la creación y operación de
empresas e instituciones que financien la generación eléctrica distribuida con
fuentes renovables a nivel de viviendas, comercios y pequeñas empresas. En el
caso de las viviendas, la legislación federal debe prever la adecuación de
legislación estatal y municipal para garantizar que los créditos que se
otorguen a las viviendas que incorporen tecnologías de generación eléctrica a
partir de fuentes renovables tengan como respaldo o garantía la propia vivienda.
6. Red inteligente
Se debe desarrollar un programa a
mediano plazo para la evolución hacia una red inteligente, con metas de
inversión y logros diferenciados al 2024. En este sentido, la CRE, el CENACE y
la CONUEE deben desarrollar instrumentos regulatorios y tarifarios, reglas de
despacho y lineamientos técnicos para: permitir una mayor participación de las
tecnologías de energía renovable intermitente; aumentar la eficiencia en el
consumo de energía eléctrica; fomentar la generación de electricidad en pequeña
escala por parte de los consumidores; reducir perdidas de distribución;
optimizar el uso de la capacidad instalada; prevenir fallas en equipos críticos
y optimizar mantenimiento; mejorar calidad y continuidad del suministro; gestionar
riesgos de operación del sistema; propiciar la electrificación rural; fomentar
una mayor generación de electricidad en pequeña escala por parte de los
consumidores; ofrecer una facturación detallada por franjas horarias que
permita a los consumidores seleccionar tarifas más adecuadas y definir las
horas de consumo; e identificar las necesidades de consumo actuales y futuras
para el desarrollo regional y del país en su conjunto .
7. Financiamiento
La legislación secundaria debe
incluir -dentro del mandato del Fondo Mexicano del Petróleo- una asignación
expresa para el Fondo para la Transición Energética (FTE) de por lo menos 3,000
mil millones de pesos anuales –equivalente al monto anual previsto por la
LAERFTE. Los recursos previstos deben orientarse a la investigación tecnológica
y al desarrollo de infraestructura de transmisión. Además, se debe crear el
Fondo Nacional para las Energías Renovables (FONADER), una institución
público-privada con aportaciones públicas derivadas de la reorientación de
subsidios a los energéticos, créditos de fuentes nacionales e internacionales,
y aportaciones privadas. La finalidad del FONADER será financiar obras de
infraestructura de transmisión, preferentemente en regiones prioritarias para
la generación de electricidad con fuentes renovables, así como a la
modernización de las redes para la minimización de pérdidas.
8. Impactos sociales
La implementación y desarrollo de las
energías renovables impacta positivamente en el ambiente y en el desarrollo
local. Para evitar impactos sociales negativos es preciso que las leyes
secundarias ofrezcan el marco para el diseño de una política socio-ambiental
donde la explotación de energías renovables genere beneficios claros a los
propietarios de la tierra y a las comunidades rurales involucradas, mediante
esquemas transparentes de negociación, acuerdo, y pago de contraprestaciones
bajo el marco de derechos humanos. Es necesario establecer los mecanismos para
brindar las condiciones de
certeza jurídica para los generadores, al mismo tiempo que se asegure el respeto
al derecho a la información y a la consulta previa, libre e informada de las
comunidades indígenas y campesinas involucradas, sobre los proyectos que puedan
modificar su entorno natural y perjudicar su uso y acceso a los recursos
naturales.
9. Eficiencia energética
Es necesario que la legislación
secundaria establezca incentivos claros para maximizar la eficiencia en
cualquier proceso de la cadena de generación, producción y uso de energía, para
que a través de buenas prácticas de diseño, reconversión tecnológica o
sustitución de combustibles, se logre una meta de 20% de ahorro de energía a
través de eficiencia energética en el país en los próximos cinco años. El ahorro
deberá generarse en los sectores del transporte, la industria, la edificación
residencial, comercial y pública, y del sector agropecuario, dentro del marco
de desarrollo sustentable y respetando la normatividad vigente sobre el
ambiente y los recursos naturales renovables.
10. Subsidios
Es preciso que en las leyes
secundarias se legisle un esquema de gasto público que evite la regresividad de
los subsidios a la energía y los focalice a los sectores sociales más
vulnerables. Parte de los recursos liberados por la eliminación gradual y
focalización de subsidios deberá dedicarse al financiamiento, a través del FTE
y FONADER, de inversiones en EE o ER para hogares de ingresos bajos y medios,
aislamiento térmico u otras medidas de mejora del desempeño térmico de las
viviendas, entre otros. Asimismo, una parte de estos recursos debe destinarse a
la electrificación rural por extensión de redes o por medio de sistemas
autónomos de generación, preferentemente a través de ER o de sistemas híbridos.
[i] La Red por la Transición Energética
es un grupo diverso, independiente y plural de organizaciones e individuos que preocupados
por la situación actual y los efectos económicos, sociales y ambientales de la
producción, transformación y uso final de la energía en México, analizan, colaboran,
impulsan y proponen cambios pertinentes en las políticas públicas relacionadas.
