Esta semana, la Red por la Transición Energética presentó su opinión en
torno a la reforma energética. Este documento, publicado en el diario
Reforma en las páginas 14 y 15 del miércoles 24 de septiembre,
representa la posición de un grupo plural de organizaciones,
especialistas, académicos y analistas independientes, que al reconocer
la importancia del proceso de reforma energética, manifiestan también su
preocupación por los efectos económicos, sociales y ambientales
derivados de toda la cadena de producción y consumo de la energía en
México.
Como parte del diagnóstico de la Red, se considera fundamental que en
la transformación del sector energético no se siga reproduciendo la
dependencia nacional hacia los hidrocarburos y, por el contario, se
promueva en forma más decidida las alternativas energéticas
ambientalmente más sustentables.
En este sentido, es indispensable que la reforma energética
establezca las bases institucionales para una transición energética
post-petrolera y para el diseño de políticas capaces de garantizar la
seguridad energética nacional de acuerdo a principios de sustentabilidad
y protección al medio ambiente, al igual que a partir de criterios
específicos para la mitigación de Gases de Efecto Invernadero y la
adaptación ante el cambio climático.
Es preocupante que gran parte del debate sobre la reforma energética
se esté orientando (y en ocasiones se limite) a la transformación del
sector de los hidrocarburos en México. La opinión de la Red nos presenta
una visión más amplia y propone un conjunto de medidas y líneas de
política pública para ser consideradas en las modificaciones a
legislación secundaria, las cuales se organizan en cinco ejes: 1)
Reforma Energética y Fiscal; 2) Explotación de hidrocarburos no
convencionales; 3) Transporte; 4) Generación y abastecimiento de
energía; 5) Criterios socioambientales.
La opinión de la Red puede consultarse íntegramente en: http://www.redte.org.mx/ y en http://www.inteligenciapublica.com/2013/09/25/opinion-de-la-red-por-la-transicion-energetica/
, sin embargo, voy a destacar algunas propuestas que me parecen
especialmente interesantes en tanto llenan un vacío en el debate público
y en el contenido de las diferentes iniciativas presentadas por los
partidos políticos.
En primer lugar, la vinculación entre las reformas energética y
fiscal no puede limitarse a modificar la carga fiscal de Pemex, abarca
aspectos igualmente relevantes como la creación de incentivos fiscales
para la generación con fuentes renovables y el desarrollo de tecnología;
redirigir los subsidios a los combustibles fósiles hacia proyectos
sustentables o con beneficio social más amplio; internalizar los
impactos negativos de la generación y consumo de energía generada con
hidrocarburos; promover proyectos de desarrollo con baja huella
ambiental y de carbón; premiar el ahorro y diversificación energéticas;
modificar las metodologías para establecer el costo de la energía
eléctrica; así como fomentar los mercados, servicios y consumo de
tecnología relacionada con las fuentes energéticas renovables.
En segundo lugar, es indispensable que la explotación de gas natural
no convencional o de petróleo en aguas profundas, se sujeten a una
regulación ambiental más estricta y que el desarrollo de este tipo de
proyectos se fundamente en estudios rigurosos sobre sus impactos
ambientales, económicos y sociales. De la misma forma, se debe
considerar el costo de oportunidad de invertir en estos proyectos frente
a alternativas con un menor impacto o riesgo ambiental.
En tercer lugar, la reforma energética no puede ignorar la
problemática específica del transporte, las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero generadas por vehículos, el deterioro de la calidad del
aire o la necesidad de impulsar movilidad no motorizada y redes de
transporte público más amplias y eficientes. Me parece importante
destacar que en la discusión sobre la reforma energética, esta es la
primera ocasión en que se enfatiza la relación entre energía y
transporte como un tema de carácter estratégico y de vital importancia
para la modificación de leyes secundarias.
Al respecto de la generación y abastecimiento de energía, destacaría
la importancia de establecer metas más ambiciosas y de largo plazo para
generación de electricidad con fuentes renovables; impulsar la
cogeneración, la energía eólica y la geotermia; promover el consumo de
energía solar fotovoltaica en los hogares, los comercios y la industria;
desarrollar una red eléctrica más moderna, interconectada e
inteligente; establecer metas y cuotas anuales de eficiencia energética y
hacer cumplir la normatividad en ese ámbito; así como impulsar la
edificación de acuerdo a criterios de aprovechamiento energético y la
creación de normas para regular el uso de materiales, el ahorro de
energía y la reducción de emisiones en el sector de la construcción.
Finalmente, para la Red es indispensable que en el rediseño del
sector energético se integren más claramente criterios socioambientales
para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, generar
estudios más efectivos de impacto ambiental, crear mecanismos para
prevenir y resolver conflictos durante el desarrollo de proyectos
energéticos, impulsar la adaptación y la creación de nuevas capacidades
ante el cambio climático e incorporar principios de sustentabilidad,
derechos humanos y equidad de género en las leyes y sus reglamentos.
La visión que hace pública la Red por la Transición Energética asume
que es posible aspirar a una reforma que garantice la seguridad
energética e impulse la competitividad nacional a partir de criterios de
sustentabilidad y protección al medio ambiente. La reforma energética
no puede limitarse a una transformación de la industria petrolera, debe
entenderse como parte de una transición energética más amplia en la cual
las fuentes renovables, la sustentabilidad y la responsabilidad social
deben ocupar un lugar central.
El documento que ha hecho público la Red por la Transición
Energética, invita a extender el ámbito y alcance de la deliberación
legislativa en torno a la Reforma y sus objetivos. Esperemos que los
legisladores y las autoridades de gobierno asuman la oportunidad y la
responsabilidad de transformar a profundidad el sector energético
nacional, ampliando su perspectiva desde la lógica del desarrollo
sustentable
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